Salomé Pradas presenta queja ante el CGPJ por la instrucción de la jueza en el caso de la DANA
La exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha elevado formalmente una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), solicitando que se tomen medidas “efectivas” para asegurar que la instrucción del caso conocido como DANA se realice conforme a los principios de imparcialidad, celeridad y justicia que son fundamentales en un Estado de Derecho.
En su escrito, Pradas destaca que el CGPJ no ha respondido a su queja anterior, presentada en mayo del año pasado y ampliada en dos ocasiones, la última en julio. La defensa de Pradas critica la metodología empleada por la jueza de Catarroja, acusándola de obstaculizar cualquier línea de investigación que no se ajuste a su «tesis predeterminada». La defensa considera que estas acciones podrían constituir una falta de responsabilidad disciplinaria por parte del CGPJ.
Prejuicios y falta de imparcialidad
La argumentación de la exconsellera incluye la supuesta vulneración del derecho a un juicio justo, así como un desdén por el deber de secreto. Pradas enfatiza que las garantías constitucionales son esenciales en el proceso penal y no deben ser consideradas como aspectos secundarios. En este sentido, sostiene que el respeto a los derechos fundamentales no debe ser un impedimento para la búsqueda de la verdad.
Pradas también critica a la jueza por su falta de objetividad y por emitir “juicios de valor lapidarios” que generan un juicio paralelo perjudicial para la imagen de la investigada. Según su defensa, la magistrada ha prolongado innecesariamente la fase de instrucción al interrogar a numerosos testigos, lo que ha causado un daño significativo a Pradas. La defensa califica de “alarmante” que la jueza continúe con su enfoque, ignorando cualquier evidencia que contradiga su narrativa.
Inconsistencias en la instrucción
Se menciona en la queja un auto de la jueza que indica que el único objetivo de la instrucción era responder a la intervención del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la comisión de investigación del Congreso. La defensa argumenta que este tipo de enfoque sesgado impide una instrucción justa y objetiva.
Pradas sostiene que el CGPJ no debe permanecer indiferente ante una situación donde el tiempo, en lugar de contribuir a esclarecer los hechos, parece estar consolidando una injusticia. La defensa recalca que la jueza ha insistido en que la única causa de los trágicos eventos del 29 de octubre de 2024 fue la inacción de los investigados, sin considerar otros factores que podrían haber influido en la situación, lo que complica la relación necesaria de causalidad para imputarles la responsabilidad por 228 muertes.
