El PSOE de Alicante denuncia presuntos delitos en la adjudicación de viviendas en la Playa de San Juan
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, en la que se alegan la posible comisión de hasta cinco delitos relacionados con la construcción y asignación de viviendas en una parcela de propiedad municipal. Esta acción se enmarca en un contexto de creciente preocupación por el acceso a la vivienda en la ciudad.
Detalles de la denuncia
La denuncia se centra en la adjudicación de una promoción de vivienda pública protegida (VPP) en la Playa de San Juan, que beneficiaría a la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, así como a familiares de una directora general y a un arquitecto municipal. Barceló ha señalado que esta situación podría haber vulnerado el derecho de acceso a la vivienda, que debería estar orientado hacia el interés general.
«Es un escándalo que en Alicante haya más de 5,400 familias en lista de espera para acceder a una vivienda pública, mientras que muchas más se ven obligadas a abandonar la ciudad debido a los altos precios de alquiler y compra», afirmó la portavoz.
Presuntos delitos y solicitud de investigación
Los socialistas identifican posibles delitos como la prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, conflicto de intereses, estafa, fraude a la Administración y fraude de ley con relevancia penal. Según Barceló, la situación es especialmente grave en una ciudad que enfrenta serios desafíos en el acceso a la vivienda.
«Cuando una promoción de vivienda pública, destinada a ayudar a quienes más lo necesitan, termina beneficiando a personas vinculadas al gobierno, es esencial que se inicie una investigación judicial. La ciudadanía merece conocer la verdad sobre lo ocurrido», enfatizó.
Demandas de transparencia y rendición de cuentas
El PSOE ha exigido al alcalde que ofrezca explicaciones públicas y convoque un pleno extraordinario para abordar esta situación. Barceló ha criticado la falta de transparencia en la gestión de la vivienda protegida sobre suelo municipal y ha insistido en que la dimisión de la concejala de Urbanismo y la directora general no es suficiente para resolver el problema.
«Es crucial que se asuman responsabilidades en este asunto que va más allá de la polémica mediática. Deben establecerse controles adecuados en un tema tan sensible como lo es el acceso a la vivienda», concluyó la portavoz socialista.
