Polémica en Burriana: Alianza entre PSOE y Vox en el Horizonte de la Prevaricación
La localidad de Burriana, en la provincia de Castellón, se encuentra en medio de una controversia política tras la reciente salida de dos concejales de Compromís y la ruptura de la alianza entre el Partido Popular (PP) y Vox. Este nuevo episodio se suma a una serie de tensiones relacionadas con la lengua y la cultura, que han mantenido a la biblioteca municipal en el centro del debate mediático. En esta ocasión, la atención se centra en un presunto delito de prevaricación, involucrando a los partidos PSOE y Vox, que, a pesar de sus diferencias ideológicas, han unido fuerzas para aprobar una modificación de crédito a pesar de recibir advertencias técnicas en contra.
Denuncias del PP sobre la Legalidad de la Modificación de Crédito
El PP de Burriana ha denunciado que PSOE y Vox votaron conjuntamente para llevar a cabo una modificación de crédito que excede las competencias del Pleno. Además, se señala que existen informes técnicos de intervención y de la secretaría general que desaconsejan esta acción, alertando sobre su posible ilegalidad. Alejandro Clausell, portavoz del PP, ha indicado que el equipo de gobierno está revisando exhaustivamente toda la documentación relacionada con el caso para determinar los pasos a seguir.
Clausell ha subrayado que se está recopilando información clave, incluyendo los informes técnicos, el acta del pleno, la grabación de la sesión y la moción presentada por la oposición, con el fin de elaborar un expediente administrativo que aclare si existen responsabilidades en este asunto. En caso de que los técnicos sugieran irregularidades, no se descarta la posibilidad de remitir el caso a la Fiscalía, advirtiendo que la aprobación de un acuerdo contrario a las advertencias legales podría constituir un caso de prevaricación administrativa.
Consecuencias Económicas para el Ayuntamiento
Desde el gobierno municipal, también se han expresado preocupaciones sobre las repercusiones económicas que podría acarrear la ejecución del acuerdo aprobado. Clausell ha señalado que la aplicación de la modificación de crédito, que busca reducir una partida presupuestaria, podría resultar en pagos indebidos o incluso impagos, lo que generaría complicaciones legales para las finanzas municipales.
Finalmente, el portavoz del PP ha hecho una comparación con el caso de Sant Gregori, un desarrollo urbanístico que fue anulado judicialmente tras avanzar a pesar de contar con informes técnicos en contra. Clausell recordó que esta decisión fue invalidada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, lo que resultó en un retraso de ocho años en el desarrollo de la ciudad y llevó a procedimientos judiciales contra varios concejales.
