Suspensión de Ayudas Públicas a la Cámara de Comercio de Alicante
El PSPV ha presentado una iniciativa formal en Les Corts solicitando al Consell la suspensión cautelar de todas las subvenciones y líneas de financiación pública de la Generalitat dirigidas a la Cámara de Comercio de Alicante. Esta petición se fundamenta en la situación del presidente de la Cámara, Carlos Baño, quien se encuentra bajo investigación judicial.
Contexto de la Investigación Judicial
La propuesta surge tras la reciente detención de Baño, que también preside la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme). Fue liberado con cargos después de ser interrogado en relación con una investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Este caso se centra en irregularidades relacionadas con el programa de Bonos Consumo implementado en 2022 y 2023 en varios municipios de la provincia.
Responsabilidad de las Administraciones Públicas
Mayte García, portavoz adjunta del grupo socialista, ha subrayado que la Proposición No de Ley no cuestiona la integridad de la Cámara ni anticipa el desenlace de la investigación, pero enfatiza la necesidad de que las administraciones actúen con responsabilidad cuando están en juego recursos públicos. «La prudencia institucional exige que se suspendan las ayudas públicas mientras el presidente continúe en esta situación», afirmó.
Consecuencias de Mantener las Subvenciones
El PSPV advierte que si el Consell decide continuar con la financiación en este contexto, asumirá un riesgo político y reputacional considerable. La Cámara de Comercio, como entidad de derecho público, tiene la obligación de operar con total transparencia y control, dado que gestiona recursos de todos los ciudadanos valencianos.
Exigencias del PSPV
La propuesta de los socialistas incluye mantener la suspensión de las ayudas hasta que se den ciertas condiciones: la conclusión de la investigación judicial, la separación temporal de Baño de su cargo o su renuncia definitiva. Además, se insta a que los programas de apoyo al comercio y a las pequeñas y medianas empresas se continúen a través de otras entidades, garantizando así el apoyo al tejido económico local.
El grupo socialista también solicita un informe exhaustivo sobre todas las ayudas y subvenciones otorgadas en los últimos cinco años a la Cámara y a entidades vinculadas, en un plazo no mayor a tres meses, enfatizando la importancia de la transparencia y el control sobre el uso de recursos públicos.
