Renuncia el director del Instituto Canario de Vivienda por acusaciones de delito sexual

Renuncia el director del Instituto Canario de Vivienda por acusaciones de delito sexual

Dimisión de Antonio Ortega como director del Icavi

Antonio Ortega ha renunciado a su cargo como director del Instituto Canario de Vivienda (Icavi) tras ser procesado por un presunto delito contra la libertad sexual. Ortega, quien asumió el liderazgo del organismo en 2023 y anteriormente fue alcalde de San Mateo, ha tomado esta decisión en medio de serias acusaciones.

Confirmación de la renuncia

La dimisión de Ortega fue oficializada por Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, así como presidente del Icavi. Rodríguez anunció que el Consejo de Gobierno abordará esta renuncia el próximo lunes. «Agradecemos el esfuerzo y dedicación que ha mostrado durante su tiempo en el cargo, especialmente en la atención a la crisis de vivienda. Sin embargo, es claro que su situación personal tiene implicaciones y, por lo tanto, aceptaremos su dimisión», expresó el consejero.

Detalles del procedimiento judicial

La situación se torna compleja, ya que Rodríguez describió el asunto como «enormemente grave», aunque enfatizó que no existe aún una sentencia definitiva y que no pueden emitir un juicio sobre el caso en este momento. El 6 de febrero, el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria concluyó la fase de instrucción, que se había iniciado en 2022, dejando a Ortega a un paso del juicio oral. El juez estableció una fianza de 125.000 euros para posibles indemnizaciones a la denunciante.

Antecedentes de la denuncia

La denuncia contra Ortega fue presentada en 2022 por una mujer de 24 años, quien lo acusó de realizar tocamientos sin su consentimiento en su despacho durante su mandato como alcalde en 2017. Con el procesamiento dictado, las partes acusadoras pueden solicitar la apertura de un juicio oral, mientras que la defensa de Ortega ha presentado un recurso de reforma que impugna tanto el procedimiento seguido como la existencia de indicios racionales de criminalidad, argumentando que los hechos ya han prescrito.

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