El juez Peinado decide sobre las medidas cautelares para Begoña Gómez
El caso que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha alcanzado un punto crítico. Este lunes, el juez Juan Carlos Peinado convocó a Gómez, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés para una audiencia preliminar. Este procedimiento es clave para determinar si se abrirá juicio oral en su contra por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
Solicitudes de medidas cautelares
Durante la audiencia, que tuvo lugar en los juzgados de Plaza de Castilla, las acusaciones particulares solicitaron al juez que impusiera medidas cautelares, que incluyen la retirada del pasaporte de las acusadas y la prohibición de salir del país. Estas medidas se justifican con el argumento de que existe un riesgo de fuga, aunque Barrabés no está sujeto a estas restricciones. Además, se pide que no se expida un nuevo pasaporte a las acusadas y que se presenten ante el juzgado cada quince días.
El juez escuchó las alegaciones de todas las partes durante aproximadamente dos horas y media. La Universidad Complutense también se ha personado como acusación particular, alegando que ha sido perjudicada por la supuesta apropiación indebida de un software relacionado con la cátedra de Transformación Social Competitiva.
Las implicaciones de la audiencia
La audiencia de este lunes es de vital importancia, ya que determinará si Gómez, Álvarez y Barrabés serán juzgados por los delitos mencionados. Si el juez decide abrir juicio oral, el caso podría ser llevado ante un jurado popular, una situación sin precedentes debido a la relevancia política de la causa.
Se espera que la decisión del juez no se tome de manera inmediata. Peinado ya había indicado que los tres investigados debían comparecer personalmente, con la advertencia de que podrían ser conducidos por la fuerza pública si no se presentaban.
Un caso en evolución
El procedimiento se inició en abril de 2024 tras una denuncia de Manos Limpias y ha evolucionado a lo largo de la investigación. Originalmente centrada en cartas de recomendación firmadas por Gómez, la pesquisa ha abarcado múltiples aspectos, desde la creación de la cátedra hasta irregularidades en contratos relacionados con el desarrollo del software.
El último informe de la UCO, presentado en mayo, no encontró indicios de enriquecimiento ilícito ni movimientos bancarios sospechosos en las cuentas de Gómez, aunque sí la identificó como responsable del proyecto Transforma TSC y mencionó posibles irregularidades en contratos con empresas asociadas.
Defensa y acusación
La acusación popular, liderada por HazteOir, solicita una pena de 24 años de prisión para Begoña Gómez. En contraposición, la Fiscalía y las defensas piden el archivo de la causa, argumentando que no existen delitos y que la cátedra no generó ingresos personales para Gómez. La defensa también ha criticado la rapidez del procedimiento y ha solicitado la declaración de varios testigos clave.
La Universidad Complutense ha presentado reclamaciones por daños relacionados con el software de la cátedra, mientras que la Cámara de Cuentas de Madrid investiga los contratos formalizados por la cátedra desde su creación.
En resumen, la decisión que tome el juez Peinado tras esta audiencia establecerá el rumbo del caso en los próximos meses, con el posible inicio de un juicio oral que podría llevarse a cabo en la primavera o verano del próximo año, dependiendo de los plazos judiciales.
