Un informe desmantela las acusaciones de Compromís sobre el Puerto de Valencia
Un reciente informe en poder de la Fiscalía ha refutado las acusaciones planteadas por Compromís, que sostenían la existencia de una supuesta red de «colocaciones a medida» para antiguos trabajadores del Consorcio Valencia 2007. El documento, elaborado por la secretaría municipal, concluye de manera categórica que «no hubo trato de favor ni intervención política» en los procesos de selección analizados.
Las denuncias de Compromís y su evolución
Compromís presentó en febrero una denuncia ante la Fiscalía en un intento de capitalizar políticamente la contratación de ex empleados del Puerto en el Ayuntamiento de Valencia. La situación cobró mayor relevancia en abril, cuando la Fiscalía decidió abrir una investigación sobre la presidenta del Puerto, Mar Chao, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, para aclarar si las contrataciones en la fundación municipal Visit Valencia y las recolocaciones en el Puerto eran irregulares, tal como afirmaba la formación política.
La respuesta del ejecutivo local
Desde el gobierno municipal han subrayado que el informe presentado a la Fiscalía, junto con el asesoramiento jurídico, es contundente: «No existió trato de favor ni intervención política en los procesos de selección analizados». Según el consistorio, estos informes respaldan la legalidad de los procedimientos y descartan cualquier irregularidad sistémica, afirmando que no hay responsabilidad por parte de los cargos municipales. En este sentido, han defendido que «el Ayuntamiento ha actuado con transparencia, de acuerdo con la ley y respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad», tachando las acusaciones de la oposición de «lectura interesada y parcial».
La controversia sobre la contratación
El epicentro de la polémica en el Ayuntamiento de Valencia gira en torno a una plaza de administrativo, la cual, según la secretaría general, presenta una «cuestión jurídicamente discutible». El informe indica que, en el momento de la contratación, el trabajador podría haber perdido su estatus de empleado público debido a un ERE en el Puerto.
Ante esta situación, el gobierno local ha abogado por la prudencia judicial, recordando que el despido en cuestión fue recurrido y aún está a la espera de una sentencia firme. Si se dictaminara que el despido es nulo, sus efectos serían retroactivos, lo que implicaría que la relación laboral no se habría interrumpido y, por lo tanto, el contrato sería completamente válido. Así, el ejecutivo ha enfatizado que «el secretario no ordena anular nada» y ha recomendado esperar el pronunciamiento de la justicia.
La posición del gobierno municipal
Desde el gobierno de María José Catalá han reiterado que «no tenemos nada que ocultar: los procesos fueron correctos y no hay responsabilidad de ningún cargo». Insisten en que la única cuestión pendiente es de carácter técnico y deberá ser resuelta por un juez.
