Denuncia del Ayuntamiento de Alicante ante la Fiscalía por posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas
El Servicio de Gestión Patrimonial del Ayuntamiento de Alicante ha identificado conexiones entre algunos beneficiarios de las Viviendas de Protección Pública (VPP) y empleados o cargos del consistorio que podrían haber estado involucrados en etapas clave del proceso de enajenación de terrenos destinados a la construcción de estas viviendas en Playa de San Juan. Esta información forma parte de la denuncia presentada por el ayuntamiento ante la Fiscalía Provincial de Alicante.
Detalles del informe y la denuncia
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, solicitó un informe que revela que, si bien la administración local adjudicó el contrato de enajenación de un terreno municipal para la construcción de 140 VPP a la cooperativa Residencial Les Naus mediante un proceso de licitación pública, no participó en la selección de los adjudicatarios de las viviendas. Este proceso fue llevado a cabo exclusivamente por la cooperativa, bajo la supervisión de la Conselleria de Vivienda.
La denuncia destaca que, tras finalizar la construcción, la cooperativa envió al ayuntamiento un listado de los adjudicatarios de las viviendas, junto con la evidencia de que todos cumplían con los requisitos legales para acceder a una vivienda protegida. Sin embargo, al analizar esta lista, el Servicio de Gestión Patrimonial detectó que algunos de los adjudicatarios tenían vínculos con empleados municipales.
Señales de alerta y posibles conflictos de interés
El informe elaborado por el Servicio de Gestión Patrimonial advierte sobre posibles conflictos de interés, señalando que algunos funcionarios podrían haber incumplido su deber de abstención al participar en el proceso administrativo. Aunque la cooperativa certifica que todos los adjudicatarios cumplen con la normativa, la existencia de estos vínculos personales ha generado inquietudes sobre la integridad del proceso.
Se destaca que al menos un arquitecto municipal estuvo involucrado en el seguimiento del contrato con la cooperativa, sin haber declarado su interés personal como futuro beneficiario de una vivienda. Esta situación plantea interrogantes sobre la legalidad de su participación.
Conclusiones de la investigación interna
La denuncia también incluye los hallazgos de una investigación interna encargada por el alcalde, que concluyó que no se debe exigir responsabilidad disciplinaria a los funcionarios investigados, ya que no se ha demostrado que hayan infringido sus deberes. Se aclara que no hubo participación formal que pudiera invalidar las actuaciones municipales relacionadas con el contrato.
Se mencionan casos específicos, como el de la exconcejal de Urbanismo Rocío Gómez y la exdirectora general María Pérez-Hickman, quienes, a pesar de sus vínculos con adjudicatarios, no intervinieron formalmente en el proceso de adjudicación.
Inquietudes sobre la supervisión de las adjudicaciones
El ayuntamiento subraya que no tiene la capacidad para supervisar el cumplimiento de los requisitos legales por parte de los adjudicatarios de las VPP. A pesar de esta limitación, la denuncia expresa preocupación por la posibilidad de que hayan existido influencias no documentadas que favorecieran la adjudicación de viviendas a personas vinculadas a la administración.
La investigación también menciona la suspensión de un funcionario por su relación con una solicitante adjudicataria, lo que resalta aún más la necesidad de aclarar la situación y garantizar la transparencia en el proceso de adjudicación de viviendas de protección pública en Alicante.
