Vox solicita una investigación a Pedro Sánchez por traición y seguridad del Estado
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reavivado la polémica en torno a la crisis migratoria en Ceuta al anunciar su intención de activar el artículo 102 de la Constitución. Este mecanismo permitiría investigar al presidente del Gobierno y a su gabinete por los «graves hechos» relacionados con lo que califica como una «invasión» de Ceuta. Abascal sostiene que hay indicios que justificarían una indagación judicial por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado.
«Es fundamental llevar la traición de Pedro Sánchez a los tribunales», expresó Abascal a través de un mensaje en su cuenta de X (anteriormente Twitter), en el que argumenta que existen «indicios y evidencias más que suficientes» que respaldan esta acción, particularmente en relación con el conocimiento previo que, según él, el Gobierno tenía sobre la crisis en Ceuta.
Requisitos para la activación del artículo 102
El procedimiento que Vox propone requiere que al menos un cuarto de los miembros del Congreso de los Diputados respalde la iniciativa, la cual debe ser aprobada por mayoría absoluta. Esto implica que se necesitarían 88 parlamentarios para iniciar la investigación. Sin embargo, Vox solo cuenta con 32 escaños, por lo que el partido ha manifestado su disposición a colaborar con otras formaciones políticas, especialmente con el Grupo Parlamentario Popular, para que se lleve a cabo esta iniciativa.
Exigencia de desclasificación de documentos
Vox ha instado a la «inmediata desclasificación» de toda la información relacionada con las comunicaciones entre el Gobierno español y las autoridades marroquíes antes, durante y después de los sucesos en Ceuta. También solicita acceso a la documentación e informes elaborados por los servicios de inteligencia y los organismos encargados de la seguridad nacional, tanto civil como militar.
La formación política argumenta que «los españoles tienen derecho a conocer la verdad sobre unos hechos que afectan a la integridad territorial, la seguridad nacional y el control de las fronteras del Estado». En este contexto, Vox sostiene que, dada la «excepcional gravedad» de los acontecimientos, se deben utilizar todos los mecanismos constitucionales disponibles para depurar las responsabilidades políticas y penales que pudieran surgir.
Según Vox, lo ocurrido en Ceuta no puede considerarse un fenómeno migratorio convencional, sino más bien un «episodio de guerra híbrida contra España», en el que se ha utilizado a inmigrantes ilegales como un instrumento de presión sobre la soberanía nacional.
