Dimisión en medio de un escándalo de adjudicación de viviendas en Alicante
Un escándalo en la adjudicación de viviendas públicas en Alicante ha provocado la renuncia de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman. Esta dimisión se produce en medio de acusaciones de favoritismo en la adjudicación de viviendas en el complejo Les Naus, donde dos de sus hijos, así como un sobrino, habrían sido beneficiarios de las propiedades.
Reacciones políticas ante la controversia
La destitución de Pérez-Hickman se enmarca en las demandas del partido Vox, que en la reciente sesión plenaria exigió medidas concretas ante la situación. La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, expresó su preocupación por el uso indebido de la posición pública de los funcionarios, enfatizando que «no se puede permitir la más mínima duda» sobre la transparencia del proceso de adjudicación.
En cuanto a la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, Vox ha manifestado dudas sobre su implicación en el proceso, ya que se alega que inició los trámites para obtener una vivienda en 2018, antes de asumir su cargo. Robledillo ha prometido investigar si Gómez ha tenido alguna intervención en la adjudicación durante su mandato, buscando evitar cualquier conflicto de interés.
Demandas de transparencia y responsabilidad
Vox ha solicitado el listado de adjudicatarios de las viviendas para verificar si alguno de ellos tiene vínculos con el procedimiento de adjudicación. Esta solicitud ha generado un gran interés en el ámbito político local, con múltiples partidos reclamando acceso a esta información. Robledillo ha subrayado la necesidad de esclarecer la situación, afirmando que «los alicantinos merecen la verdad, caiga quien caiga».
El concejal de Vox, Mario Ortolá, aclaró que el complejo Les Naus, que cuenta con 140 viviendas y diversas instalaciones recreativas, no se trata de viviendas públicas, como se ha indicado, sino de viviendas privadas con un precio limitado debido a su construcción sobre una parcela municipal. La empresa privada Fraorgi SL fue la encargada de la construcción, siguiendo un proceso de licitación regulado por la Generalitat, que supervisó el cumplimiento de los requisitos de renta.
Investigaciones en curso y próximas acciones
El alcalde de Alicante ha anunciado la apertura de un expediente de investigación sobre los hechos, mientras que el grupo municipal socialista ha manifestado su intención de llevar el asunto a la Fiscalía. Por su parte, Ortolá ha instado al alcalde a cesar a Pérez-Hickman, argumentando que su puesto es de libre designación y, por ende, debería estar sujeto a mayor escrutinio.
La situación ha generado un clima de tensión y desconfianza en el Ayuntamiento, donde todos los partidos están a la espera de los resultados de las investigaciones y de las acciones que se tomarán para responder ante este escándalo de adjudicación de viviendas.
