El Gobierno reitera su respaldo a la directora de la Guardia Civil tras su imputación
La imputación de Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, en la causa relacionada con Leire Díez no ha alterado la postura del Gobierno. Pedro Sánchez, que ya había defendido su profesionalismo y honestidad hace un mes, ha decidido mantenerla en su puesto. Esta decisión se hizo evidente a través de un comunicado del Ministerio del Interior, emitido poco después de que el juez Pedraz accediera a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para que González declarara como investigada. Tanto ella como su segundo al mando, el teniente general Manuel Llamas, también citado por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, continuarán desempeñando sus funciones sin cambios.
Argumentos del Gobierno para mantener el cargo
Desde Moncloa se sostiene que la imputación no implica que González haya cometido ningún delito. Se argumenta que sus reuniones con la conocida como ‘fontanera del PSOE’ no constituyen un acto ilícito y se respalda la versión que la propia González ofreció ante el Senado. En su comparecencia, solicitada por el PP, ella afirmó que sus encuentros con Díez no obstaculizaron las investigaciones relacionadas con el presidente o el partido. Desde el Gobierno se manifiesta una «máxima tranquilidad» ante la situación.
Sin embargo, la decisión del Ejecutivo de sostener a González tiene una dimensión política subyacente. Sánchez ya aplicó un enfoque similar con el fiscal general Álvaro García Ortiz, quien permaneció en su cargo hasta ser condenado por el Tribunal Supremo. Así, el presidente ha mantenido su firmeza al no apartar a otros miembros del partido solo por una imputación. Esta estrategia busca reforzar la narrativa de que existe una ofensiva de la derecha y la ultraderecha para desestabilizar al Gobierno utilizando casos judiciales infundados.
Reacciones dentro del PSOE y presiones externas
Montse Mínguez, portavoz de la ejecutiva del PSOE, respaldó esta visión en una reciente entrevista, señalando que González ha sido imputada únicamente por haber compartido «unos cafés» con Leire Díez, en contraposición a las tramas más graves que afectan al PP. Mínguez también expresó su confianza en la capacidad de González para defenderse y criticó la rapidez de los procesos judiciales que afectan a su partido.
Por otro lado, el Gobierno enfrenta presiones tanto de la oposición como de algunas asociaciones dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La asociación profesional Jucil, la más representativa en el Consejo de la Guardia Civil, ha solicitado la dimisión inmediata e irrevocable de González y Llamas, argumentando que su permanencia pone en riesgo la reputación y la neutralidad de la institución. Otras organizaciones, como la Unión de Oficiales y la Asociación Escala de Suboficiales, han expresado opiniones similares, citando la Ley de Régimen de Personal que rige a sus subordinados.
La situación en torno a las reuniones de González con Leire Díez ha presentado inconsistencias en las versiones oficiales. Inicialmente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó cualquier encuentro, pero posteriormente admitió que sí tuvo conocimiento de al menos una reunión relacionada con la solicitud de Díez para rehabilitar al comandante Rubén Villalba, quien está siendo investigado en el ‘caso Koldo’. Además, persisten interrogantes sobre por qué González continuó el contacto tras recibir advertencias internas sobre posibles maniobras para desacreditar a la UCO.
