Benidorm: Juez Desestima Recurso y Ordena Pago Voluntario de 283 Millones por Serra Gelada

Benidorm: Juez Desestima Recurso y Ordena Pago Voluntario de 283 Millones por Serra Gelada

Decisión Judicial en el Caso de Serra Gelada en Benidorm

El magistrado de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante ha dictado una resolución que obliga al Ayuntamiento de Benidorm a cumplir de manera voluntaria con el fallo que lo condena a abonar 283 millones de euros, más los intereses correspondientes, a los propietarios de terrenos en el sector APR-7 del parque natural de Serra Gelada. Esta decisión se basa en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) emitida en 2024.

Rechazo del Recurso de Suspensión

En un auto fechado el 20 de enero, el juez ha desestimado la petición del consistorio de suspender la ejecución de la sentencia, señalando que la cantidad a pagar es la más elevada que ha conocido este órgano desde su creación en 1998. La resolución, aunque no es firme, permite la interposición de un recurso de apelación.

El juez ha instado al consistorio a tomar las medidas necesarias para proceder al pago de la cantidad establecida en el fallo, subrayando que la sentencia del TSJCV ha adquirido firmeza tras el rechazo del recurso de casación presentado por el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo.

Recursos Legales y su Inadmisión

El pasado verano, el Ayuntamiento de Benidorm intentó recurrir al Tribunal Constitucional para solicitar la suspensión de la ejecución de la sentencia, pero este recurso fue inadmitido al no cumplir con los requisitos de «especial trascendencia constitucional». El juez ha indicado que la mera presentación de un recurso de amparo no implica la paralización de la ejecución de una sentencia firme.

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Adicionalmente, el magistrado ha señalado que la dilación en la tramitación de la fase de ejecución ha sido atribuida al Letrado de la Administración de Justicia, quien ha enfrentado una «paralización sistemática» de todos los procesos en el órgano judicial, afectando especialmente a las ejecuciones.

Con esta resolución, se abre una nueva etapa en la ejecución de la sentencia, dejando al Ayuntamiento ante la obligación de cumplir con lo establecido por la justicia.

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