Inicio de la Comisión de Investigación sobre el Bono Comercio en la Diputación de Alicante
La Diputación de Alicante ha llevado a cabo este lunes la sesión inaugural de la Comisión de Investigación relacionada con la gestión del Bono Comercio. Durante esta reunión, se estableció el calendario de sesiones y se aprobaron las propuestas de comparecencias que se desarrollarán en las próximas semanas. La primera intervención será la del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, Carlos Baño, quien ha solicitado comparecer de forma voluntaria.
Propuestas de Comparecencia y Votación
En el transcurso de la sesión, se sometieron a votación diversas propuestas de comparecencia presentadas por los distintos grupos políticos. La propuesta del Grupo Popular fue finalmente aprobada, con el apoyo de Compromís y Vox. Ana Serna, presidenta de la comisión y portavoz del Partido Popular, argumentó que es fundamental que comparezcan aquellos alcaldes cuyos ayuntamientos contrataron la gestión del Bono Comercio con Facpyme. Se estima que cerca de veinte municipios eligieron este servicio, lo que motivó que se solicitara, en primer lugar, la comparecencia del alcalde de Elda, Rubén Alfaro.
Críticas y Defensa de la Gestión de la Diputación
La vicepresidenta primera de la Diputación expresó su incomprensión ante la solicitud de los socialistas para que compareciera el alcalde de Alicante, Luis Barcala. Según ella, este ayuntamiento no gestionó el Bono Comercio con Facpyme, lo que sugiere una falta de preparación por parte de los diputados socialistas en relación a la comisión.
Ana Serna subrayó que el objetivo de esta investigación es preservar el buen nombre de la institución, criticando que el Grupo Socialista parece más interesado en generar ruido político en un contexto electoral. Además, defendió la labor de la Diputación, que, según ella, implementó un programa que contribuyó a la reactivación económica en un periodo complicado para los ciudadanos de Alicante, gestionando las ayudas conforme a unas bases aprobadas por todos los grupos políticos. Serna concluyó que los ayuntamientos, con la debida fiscalización, tuvieron la libertad de gestionar el programa de manera autónoma.
