Castellón reclama al Gobierno la devolución de 250 millones de euros pendientes
La Diputación de Castellón se prepara para presentar una exigente solicitud ante la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la que se demanda la devolución de 250 millones de euros en entregas a cuenta que el Gobierno de España adeuda desde 2023. Esta suma representa la parte correspondiente a la participación de las entidades locales en los tributos del Estado y no ha sido actualizada a pesar del aumento significativo en la recaudación fiscal durante los últimos tres años.
Defensa de la financiación local
La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, llevará este lunes a la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares una propuesta de declaración conjunta que aboga por una financiación justa y por la autonomía local. Barrachina subraya la necesidad de que el Gobierno actualice «de manera urgente» las entregas a cuenta, adaptándolas a la realidad de los ingresos y a las previsiones macroeconómicas actuales.
Argumentos contundentes
La presidenta enfatiza que la realidad es clara: la población ha crecido, los ciudadanos contribuyen con más impuestos y el Estado está obteniendo mayores ingresos. Sin embargo, las transferencias a los ayuntamientos y diputaciones permanecen estancadas en las cifras de 2023 debido a la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. «No dejaremos de exigir lo que es justo», afirma Barrachina, resaltando la necesidad de recursos adecuados para la administración local.
Desbloqueo de las reglas fiscales
Además de la demanda de actualizaciones en las entregas a cuenta, la Diputación de Castellón solicita también el levantamiento de las reglas fiscales que restringen el uso de los remanentes de tesorería por parte de los ayuntamientos y diputaciones. Este dinero ahorrado, que actualmente no puede ser invertido debido a la normativa vigente, podría ser clave para «impulsar inversiones necesarias, mejorar los servicios públicos y reactivar la economía local», según afirma Barrachina.
Unión de diputaciones en la FEMP
La declaración que se someterá a aprobación en la FEMP busca consolidar una posición unificada entre todas las diputaciones provinciales y cabildos insulares. Se denuncia la falta de recursos para las administraciones más cercanas a la ciudadanía, mientras el Gobierno continúa incrementando su recaudación de manera récord. Esta acción tiene como objetivo visibilizar las necesidades y derechos de las entidades locales en un contexto de creciente presión fiscal sobre los ciudadanos.
