Compromís se manifiesta contra los pisos turísticos en Valencia
La formación política Compromís ha decidido llevar a cabo una protesta contra los apartamentos turísticos en Valencia, eligiendo para ello un inmueble que, a pesar de su historia de controversias, cuenta con licencia vigente. La acción se realizó en un bajo turístico ubicado en la calle Beato Juan Grande, en el barrio de la Malva-rosa, y tuvo como telón de fondo el cuestionamiento de las medidas anunciadas por el Ayuntamiento para cerrar más de 1.000 apartamentos turísticos ilegales en un período de año y medio.
Un acto que pone en tela de juicio la gestión municipal
El evento, al que asistieron periodistas y representantes de la asociación vecinal del Cabanyal, fue presentado por Compromís como una prueba de las «mentiras» del gobierno municipal liderado por María José Catalá. Sin embargo, el inmueble en cuestión había recibido en mayo de 2024 una orden de suspensión de actividad por estar operando sin licencia, según un informe de la Policía Local. Compromís utilizó este antecedente para argumentar que el apartamento continuaba funcionando a pesar de la orden de clausura.
Desde el Ayuntamiento, se aclara que la situación del apartamento fue regularizada posteriormente, y que actualmente cuenta con la licencia correspondiente. De hecho, había una denuncia vecinal sobre el mismo, y ese mismo día se informó oficialmente a la asociación de que el inmueble es legal. El gobierno local critica que Compromís, al organizar su acto, ya conocía la situación regularizada del apartamento, tildando la acción de «performance» y un intento de desacreditar la política municipal.
Un enfoque renovado en la regulación de apartamentos turísticos
El gobierno de Catalá sostiene que durante su mandato se ha reforzado considerablemente la inspección de los apartamentos turísticos, estableciendo cinco grupos específicos de Obras y Licencias de Urbanismo y siete equipos de Policía Local dedicados a la vigilancia de actividades irregulares en la ciudad. Aseguran que, a diferencia de la «parálisis» que caracterizó la gestión de los ocho años anteriores, ahora existe una estrategia activa para controlar y ordenar este sector.
En relación al apartamento de Beato Juan Grande, el Ayuntamiento recuerda que la solicitud de licencia se realizó en 2022, durante el gobierno de Compromís, por lo que no está sujeta a la moratoria actual. Las autoridades locales enfatizan que Compromís ha presentado como ejemplo un caso que se originó bajo su propia administración.
Compromís había solicitado un listado de inmuebles clausurados y, tras la intervención del Síndic de Greuges, recibió información sobre aproximadamente 800 casos. La formación sostiene que muchos de estos inmuebles siguen en funcionamiento, mientras que el Ayuntamiento responde que los expedientes están en diversas fases de evolución.
Para el gobierno municipal, los recientes acontecimientos no debilitan su posición, sino que la refuerzan, argumentando que la oposición ha optado por una estrategia de escenificación mediática en lugar de reconocer que parte del problema se originó durante su gestión. En palabras del gobierno, «es vergonzoso que monten numeritos con situaciones que ellos crearon, ya que continúan con su estrategia de mentir y manipular». El enfoque del Ejecutivo se centra en equilibrar la actividad turística con la convivencia vecinal, asegurando una supervisión real y un control efectivo.
