Condena para Sergio Blasco por corrupción en contratos sanitarios
La Audiencia Provincial de Valencia ha impuesto una pena de siete años de prisión a Sergio Blasco, exgerente del Hospital General de Valencia y sobrino del exconseller Rafael Blasco. Esta sentencia se produce en el contexto de una trama de corrupción relacionada con contratos públicos en el ámbito sanitario, conocida como el ‘caso Osvaldos’. La resolución, que abarca más de 480 páginas y es susceptible de apelación ante el Tribunal Supremo, revela un entramado que manipuló adjudicaciones y generó beneficios ilegales a través de un intrincado sistema de empresas, facturas fraudulentas y blanqueo de capitales.
Un sistema de adjudicaciones irregulares
Los delitos en cuestión se desarrollaron entre 2005 y 2014, periodo durante el cual Blasco dirigía el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Según la Audiencia, Blasco impulsó un mecanismo que favoreció a determinadas empresas a cambio de comisiones encubiertas. La investigación ha revelado que este sistema generó más de un millón de euros en comisiones mediante operaciones ficticias y transferencias diseñadas para ocultar el origen de los fondos. Se utilizaron sociedades instrumentales y una red de facturación falsificada para justificar pagos que, según el fallo, no correspondían a servicios genuinamente prestados.
Mecanismos de ocultación de fondos
Uno de los elementos más destacados de la sentencia es el método empleado para canalizar el dinero. Muchos de los pagos se disfrazaban a través de contratos de asesoría, programas formativos o patrocinios que, en numerosos casos, nunca se llevaron a cabo. Los magistrados han determinado que algunas empresas colaboradoras realizaban aportaciones económicas que eran justificadas mediante documentación mercantil falsa o actividades ficticias.
La resolución también menciona que ciertos cursos que supuestamente se organizaron en el Hospital General jamás se impartieron, y que algunos patrocinios solo servían para encubrir el flujo de capital hacia la red.
Uso personal de fondos ilícitos
El fallo señala que parte de los fondos obtenidos a través de esta trama fueron utilizados para financiar gastos personales. Se estima que más de medio millón de euros fueron destinados a cubrir viajes internacionales, formación, abonos VIP para eventos deportivos, así como gastos familiares y alquiler de vehículos. Los magistrados han corroborado que se emplearon diversas sociedades para mover el dinero y dificultar su rastreo, lo que ha llevado a condenar a Blasco por un delito de blanqueo de capitales.
Otras condenas y absoluciones en el caso
Además de Blasco, cinco coacusados han sido condenados por su participación en la trama, con penas que varían entre 16 meses y tres años y dos meses de prisión. Entre ellos se encuentran responsables de empresas adjudicatarias y administradores de sociedades que facilitaron la operativa financiera en cuestión. Por otro lado, otros cinco procesados han sido absueltos por no existir pruebas suficientes sobre su conocimiento de la actividad ilícita o su beneficio directo de la misma.
Descartada la malversación de fondos públicos
Un aspecto significativo del fallo es la decisión de la Audiencia de no considerar acreditado el delito de malversación de fondos públicos. Aunque se reconocen las irregularidades en las adjudicaciones y las prácticas corruptas, los jueces concluyen que no se ha demostrado que la Administración sufriera un perjuicio económico directo a raíz de los contratos no ejecutados o servicios no prestados.
A pesar de ello, la sentencia confirma que hubo un uso ilícito de la contratación pública para obtener beneficios privados, y se ha ordenado el decomiso de más de un millón de euros procedentes de la actividad investigada. Este fallo cierra, al menos en primera instancia, uno de los procedimientos más relevantes relacionados con la gestión sanitaria en la Comunidad Valenciana durante la era del Partido Popular, concluyendo así una investigación que ha durado más de una década.
