El Túnel de Serrería: Un Proyecto en el Limbo
El Ayuntamiento de Valencia ha decidido tomar cartas en el asunto para exigir al Gobierno que se pronuncie sobre el soterramiento de las vías del tren en el túnel de Serrería, un proyecto que ha estado parado durante cuatro años y que ha consumido más de 635.000 euros de fondos públicos. La alcaldesa, María José Catalá, ha registrado en el Congreso de los Diputados seis iniciativas parlamentarias con el objetivo de que el Ministerio de Transportes aclare la situación de este estratégico proyecto.
Una Ofensiva Parlamentaria Multidimensional
La ofensiva, impulsada por la diputada popular Alma Alfonso, se articula en cuatro frentes diferentes: la situación contractual y financiera del Estudio Informativo, las inconsistencias en las declaraciones del Ministerio respecto al Estudio de Viabilidad de 2015, el incumplimiento de resoluciones del Consejo de Transparencia y el tratamiento recibido por el Ayuntamiento de Valencia. Esto incluye dos solicitudes de documentación dirigidas al ministro Óscar Puente y al presidente de ADIF, así como cuatro series de preguntas escritas al Gobierno.
Un Relato de Opacidad Administrativa
La historia detrás de esta situación es un ejemplo de falta de transparencia. El contrato para la redacción del Estudio Informativo se firmó en enero de 2020, con un plazo de 24 meses. Sin embargo, el Ministerio lo suspendió en noviembre de 2021, a solo dos meses de su conclusión, cuando el adjudicatario había completado el 76% del trabajo y había recibido 193.387 euros. Desde entonces, no ha habido ninguna actualización sobre el estado del proyecto.
A esta cantidad se suman los 441.787 euros que ADIF Alta Velocidad desembolsó en 2014 por un Estudio de Viabilidad entregado en 2015, el cual el ministerio considera ahora «obsoleto» a pesar de que el Consejo de Transparencia ha ordenado su entrega completa. En total, más de 635.000 euros han sido invertidos en dos fases de un mismo proyecto que aún no ha generado resultados visibles para la ciudad.
Inconsistencias en las Respuestas del Ministerio
El gobierno de María José Catalá señala que las contradicciones del Ministerio son evidentes. En junio de 2023, la Dirección General de Planificación Ferroviaria afirmó que el contrato permanecía suspendido debido a la necesidad de coordinar resultados con otros organismos. Sin embargo, cuatro meses después, esta misma entidad declaró que no había registros de solicitudes de informe relacionadas con la suspensión. Dos respuestas oficiales a la misma pregunta, con conclusiones radicalmente opuestas.
La Respuesta de la Alcaldesa
Catalá ha criticado duramente la justificación del Ministerio, que argumenta que las obras no pueden iniciarse hasta que se termine el túnel pasante, ya que esto interrumpiría el Corredor Mediterráneo. La alcaldesa enfatiza que analizar cómo llevar a cabo las obras sin afectar el tráfico ferroviario era una obligación contractual del adjudicatario, y que se estaba a solo dos meses de obtener una respuesta cuando se decidió paralizar el proyecto. «La excusa del túnel pasante es una falacia administrativa», ha afirmado.
«Si el Ministerio no responde al Ayuntamiento, al Consejo de Transparencia ni a los ciudadanos, tendrá que responder ante el Congreso de los Diputados», ha advertido Catalá, subrayando que un Gobierno que evade los controles democráticos esconde algo.
