El exalcalde de Agres se defiende de acusaciones de malversación
En el marco de un juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Alicante, el exalcalde de Agres, Josep Manel Francés, se ha defendido de las acusaciones de la Fiscalía, que lo señala por haber continuado percibiendo su salario como primer edil, a pesar de que supuestamente ya no le correspondía. Francés, representante de Junts per Agres-Compromís, enfatizó que nunca intentó apropiarse de «nada que no le perteneciese».
Las acusaciones y la respuesta del exalcalde
La Fiscalía ha calificado a Francés como presunto autor de delitos de prevaricación y malversación, solicitando tres años de prisión y doce de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Según el ministerio público, el exalcalde aprobó el pago de su retribución entre septiembre de 2020 y enero de 2021, a pesar de que la secretaria interventora había expresado objeciones. Se estima que esta situación causó un perjuicio económico de 4.054 euros a las arcas municipales.
Durante su declaración, Francés explicó que en el pleno de julio de 2019 se acordó su salario por un periodo de un año, lo que consideró una «jugada» de otros miembros del ayuntamiento, ya que se había pactado originalmente que el pago se realizara durante toda la legislatura. Afirmó que la decisión se tomó rápidamente debido a la falta de mayoría en el pleno.
Testimonios y argumentos de defensa
La actual alcaldesa de Agres, María García Pascual, quien presentó la denuncia, testificó que tras el año acordado, Francés no llevó a cabo el debate para extender su retribución, lo que llevó a la oposición a presentar una moción para detener el pago, la cual fue aprobada. Sin embargo, tras un recurso presentado por su grupo, el exalcalde continuó recibiendo su salario, salvo por un breve periodo de dos meses.
Francés también subrayó que su remuneración era proporcional a las horas trabajadas y que se descontaba de su jornada laboral. Aseguró que no intentó cobrar hasta que se resolvió el recurso que le permitía continuar con el pago, reiterando que estaba cumpliendo con sus labores.
Postura de la Fiscalía y defensa del exalcalde
La Fiscalía sostiene que la prevaricación se produjo por una «desviación de poder» y que los pagos fueron hechos a sabiendas de su improcedencia. En consecuencia, ha solicitado penas que incluyen prisión, inhabilitación y la devolución de los 4.054 euros.
Por su parte, el abogado defensor, Ximo Perles, argumentó que Francés actuó de buena fe y que no hubo «elemento doloso». También destacó el testimonio de la secretaria interventora, quien afirmó que no existía vicio de nulidad en las decisiones tomadas en aquellos años. El abogado solicitó la absolución total de su cliente.
Reflexiones tras el juicio
Al finalizar el juicio, Perles reiteró la inocencia de Francés y describió la situación como una «campaña de acoso» hacia su figura y hacia Compromís. El abogado criticó las acciones de la oposición y señaló un contexto en el que se realizan prácticas cuestionables en otras administraciones, sugiriendo que estas circunstancias influyen en las acusaciones contra el exalcalde. Confiado en el resultado del juicio, expresó su deseo de restaurar la imagen de un alcalde que ha sido objeto de asedio.
