El fiscal desvincula la investigación a los Pujol de la política
El fiscal anticorrupción, Fernando Bermejo, ha presentado un informe en la Audiencia Nacional en el que argumenta que la investigación sobre la familia Pujol no responde a motivaciones políticas, sino a delitos de corrupción. Este informe se enmarca en el juicio a los siete hijos de Jordi Pujol y a nueve empresarios, quienes enfrentan acusaciones de organización criminal y blanqueo de capitales.
Desvinculación de la ‘Operación Cataluña’
Bermejo ha comenzado su exposición enfatizando que el caso no tiene nada que ver con la política catalana ni con la famosa ‘Operación Cataluña’, que fue impulsada por el excomisario José Manuel Villarejo. A lo largo del proceso, Jordi Pujol y su familia han intentado asociar la investigación con una persecución política, alegando que el Gobierno de Mariano Rajoy buscaba desacreditar al independentismo en auge. Sin embargo, el fiscal ha dejado claro que lo que se está juzgando son delitos fiscales y no ideologías.
Las peticiones de pena
El tribunal ha decidido excluir a Jordi Pujol Soley del juicio debido a su incapacidad para defenderse, mientras que el fiscal mantiene su petición de 29 años de prisión para su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola. Además, se solicita 17 años para su exesposa, Mercè Gironès, y 14 años para su hermano Josep. Los demás hermanos enfrentan una solicitud de 8 años de cárcel por su implicación en la organización criminal y el blanqueo de capitales.
Una red clientelar denunciada
Bermejo ha denunciado la existencia de una «red clientelar» en torno a la figura de Pujol, quien gobernó Cataluña durante 23 años. Según el fiscal, durante ese periodo se estableció un sistema en el que se pagaba un porcentaje a los Pujol para asegurar la obtención de obras públicas. Ha calificado de «pelotazos» las operaciones comerciales de Jordi Pujol Ferrusola.
El fiscal ha argumentado que no existió una herencia legítima del abuelo Florenci Pujol, como ha sostenido la familia, y ha señalado que el aumento del patrimonio de los Pujol en los años 90 coincidió con una intensa inversión en Cataluña, lo que sugiere un cobro de comisiones ilegales.
El fraude al sistema fiscal
Bermejo ha reiterado su postura de que la familia Pujol defraudó más de 38 millones de euros al fisco español. Por su parte, la Abogacía del Estado ha respaldado su solicitud de 25 años de prisión para el hijo mayor de Pujol, así como 17 años para su exesposa y 4 años para Josep Pujol Ferrusola, argumentando que los delitos fiscales no han prescrito, a diferencia de lo que sostienen las defensas.
El abogado del Estado ha señalado que varios empresarios implicados utilizaron facturas falsas para encubrir «pagos inconfesables» a Jordi Pujol Ferrusola y ha destacado que ninguno de los testigos pudo explicar de manera satisfactoria las funciones profesionales del hijo mayor del expresidente. Según la acusación, las empresas de Pujol Ferrusola no disponían de los recursos necesarios para justificar las cantidades millonarias facturadas.
