El Gobierno aborda la complicada situación en Ceuta con optimismo en la reubicación de menores
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha confirmado que hay 1.342 menores registrados en el sistema de acogida tras la reciente llegada masiva de inmigrantes a Ceuta. A pesar de reconocer que la situación es «muy complicada», Rego confía en que se logre acelerar el proceso de reubicación de estos niños y adolescentes en otras comunidades en «pocas semanas». La ministra ha expresado su deseo de que esta acción se realice de manera inmediata, aunque ha admitido que aún queda mucho por hacer, ya que el número de llegadas ha sido considerable y muchos menores aún no han sido identificados.
Desafíos en la identificación de menores y atención a los más vulnerables
Las autoridades locales han advertido que aún hay miles de inmigrantes en la ciudad. Esta mañana, un grupo de jóvenes aguardaba en las puertas de la Jefatura Superior de Policía para ser identificados. Rego ha asegurado que todos recibirán atención, priorizando a aquellos que se encuentran en situaciones más vulnerables, para evitar imágenes desgarradoras de adolescentes durmiendo en la calle. «Nos atraviesa el dolor cuando vemos estas imágenes», ha declarado la ministra.
Medidas para ampliar la capacidad de acogida
Para hacer frente a la situación, el Gobierno ha habilitado dos centros en Ceuta, incluyendo un segundo colegio público, para llevar a cabo la primera acogida. Además, se están buscando nuevos espacios que faciliten este proceso. Se han agilizado los protocolos de entrevistas y filiación, con el objetivo de reducir los tiempos de espera. Asimismo, se ha destinado una partida presupuestaria para el proceso de acogida, y se espera la llegada de un equipo técnico del Ministerio de Juventud e Infancia el próximo 16 de agosto para acelerar el procedimiento.
La compleja cuestión del reparto de menores entre comunidades
El Gobierno y las comunidades autónomas deberán abordar la distribución de los menores reubicados en una reunión de la comisión sectorial de Infancia la próxima semana, seguido de una Conferencia Sectorial a finales de mes. Sin embargo, este proceso podría ser complicado, ya que algunos gobiernos, como los del PP y el PNV en el País Vasco, han expresado su oposición a asumir más responsabilidades debido a la tensión en sus sistemas de protección. A pesar de esto, el Ejecutivo de Ceuta ha señalado que la reubicación de más de 2.000 menores provenientes de Ceuta, Melilla y Canarias ha estado funcionando de manera regular en los últimos meses.
Enfoque del PP sobre la reagrupación familiar
Desde el Partido Popular se insiste en que, antes de considerar traslados, es fundamental agotar todos los recursos establecidos en la Ley de Extranjería, reformada recientemente para permitir la reubicación automática de menores. Esta ley prioriza el retorno de los menores a sus familias o su devolución a los servicios sociales de sus países de origen. Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, ha enfatizado la necesidad de seguir los pasos legales para afrontar esta crisis.
Compromiso del Gobierno con la reagrupación familiar
El Gobierno de Pedro Sánchez ha manifestado que su prioridad será la reagrupación familiar, siempre que se garantice la seguridad y el interés superior del menor. Cada caso se analizará de forma individual por equipos especializados. Rego también ha advertido sobre la importancia de cumplir los compromisos establecidos en la Ley de Extranjería, recordando que existen «mecanismos jurídicos suficientes» para llevar a cabo la reubicación de menores no acompañados.
Intervención de la Fiscalía ante el rechazo de comunidades
La Fiscalía General del Estado ha anunciado que tomará medidas contra las comunidades que se nieguen a participar en el reparto de menores o que muestren reticencias para aceptar a los migrantes no acompañados que lleguen desde Ceuta. En un decreto recién publicado, la fiscal general Teresa Peramato ha establecido pautas para asegurar la protección y atención de los más de mil niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad en la ciudad autónoma.
La jefa del Ministerio Público ha recordado las responsabilidades de las comunidades en el traslado y acogida de menores, subrayando la posibilidad de deducir responsabilidades y emprender acciones pertinentes. Esta advertencia ha generado tensiones en el Partido Popular, que exige la neutralidad de la Fiscalía y una aplicación equitativa de la ley a todas las administraciones.
