Vista en el Tribunal Supremo sobre la regularización de migrantes
El Tribunal Supremo se enfrenta hoy a un momento crucial en relación con la política migratoria del Gobierno. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha convocado una vista de alegaciones para abordar la posible suspensión cautelar del proceso de regularización de migrantes. Esta sesión se produce tras un aplazamiento anterior y reúne los recursos presentados por Vox, la Comunidad de Madrid y diversas asociaciones, que solicitan la paralización de esta medida.
Argumentos de los demandantes
Los opositores a la regularización argumentan que esta iniciativa genera un «efecto llamada» que resulta insostenible, infringe competencias autonómicas y provoca la saturación de los servicios públicos. Piden, por tanto, que se congele de manera urgente un proceso cuyo plazo de solicitud finaliza el 30 de junio. En contraste, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones defiende la legalidad del decreto, destacando su «triple legitimidad» social, económica y política, respaldada por sindicatos, empresas y la Iglesia.
La ministra Elma Saiz informó recientemente que ya se han asignado más de 150.000 citas y que el proceso avanza «según lo previsto», desmintiendo el «caos» señalado por la oposición, a pesar de las colas iniciales. Sin embargo, algunos socios del Gobierno han expresado críticas sobre el decreto. Por ejemplo, EH Bildu lo ha calificado de «gincana administrativa», mientras que Más Madrid ha señalado la omisión de los apátridas en este proceso. Además, entidades sociales como Accem han alertado sobre los obstáculos administrativos y la falta de información que afectan a migrantes en zonas rurales.
La estrategia de la oposición
Los demandantes basarán su defensa en la premisa de que el decreto ocasiona un daño «irreparable» al Estado, un requisito necesario para que el Supremo considere la suspensión cautelar. En sus alegaciones, aseguran que la apertura del proceso provoca un «efecto llamada» que supera las capacidades del país. La Comunidad de Madrid lidera esta ofensiva, argumentando que la regularización masiva sin un plan de financiación estatal adecuado colapsa los servicios de asistencia social, sanidad pública y educación, ya de por sí tensados.
Más allá de la saturación de los servicios, los recursos también cuestionan la legalidad de la medida, considerándola un «fraude de ley» y una «amnistía migratoria encubierta» que elude los procedimientos establecidos en la legislación de extranjería. Vox y Hazte Oír acusan al Gobierno de haber desviado su poder al regularizar rápidamente a miles de personas en situación irregular bajo una supuesta urgencia humanitaria.
Defensa del Gobierno
Por su parte, la Abogacía del Estado se presentará con el respaldo del Consejo de Estado, con la intención de refutar el alegato del «perjuicio irreparable». Los servicios jurídicos del Gobierno argumentarán que interrumpir el proceso en este momento, con más de 150.000 citas ya programadas y con el plazo de solicitud próximo a expirar, sí generaría un verdadero caos administrativo y vulneraría las expectativas de miles de personas. Para el Ejecutivo, la regularización no es un «efecto llamada», sino una medida de realismo económico que busca visibilizar a los migrantes que ya residen y trabajan en el país.
Con ambos lados presentando sus argumentos, la Sala de lo Contencioso-Administrativo iniciará un periodo de deliberación que culminará con una decisión sobre si esta destacada medida en la política migratoria del Gobierno continuará o se paralizará.
