Desmentido del Vicealcalde sobre las Acusaciones del PSPV
El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha refutado las afirmaciones del PSPV en la reciente sesión plenaria, asegurando que la documentación que se maneja en la comisión de Viviendas de Protección Pública (VPP) es la misma que está bajo revisión judicial. Villar ha enfatizado que se han programado dos sesiones en las que podrán comparecer aquellos que lo consideren necesario.
Defensa del Equipo de Gobierno
Durante su intervención, Villar defendió las acciones del equipo de gobierno tras el «escándalo» relacionado con Les Naus, recordando que el Partido Popular apoyó la creación de la comisión y acusando a los socialistas de hipocresía por sus críticas. Por su parte, la portavoz del PSPV, Ana Barceló, ha insistido en la falta de acceso a información crucial sobre las VPP y ha solicitado la comparecencia del alcalde, Luis Barcala, argumentando que no puede promover la transparencia y al mismo tiempo evitar rendir cuentas.
Informe del Secretario General del Pleno
El secretario general del pleno ha emitido un informe que advierte sobre la posibilidad de que una investigación llevada a cabo por un órgano sin competencias específicas pueda vulnerar derechos fundamentales. Según este documento, solo el personal que participó en el proceso estará obligado a comparecer, aunque su asistencia sería voluntaria. Este informe también aclara que no se puede solicitar la comparecencia de concejales fuera del ámbito plenario o de las comisiones permanentes.
Reacciones del PSPV y del Equipo de Gobierno
Barceló ha calificado de «extremadamente grave» el desarrollo de la comisión y se ha cuestionado si el PP tiene interés en mantener ocultos ciertos aspectos del caso. Mientras tanto, el concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha acusado a los socialistas de manipulación y ha defendido que el proceso de adjudicación de viviendas es una gestión de listas de espera, no una mera distribución.
Continuación de la Investigación Judicial
La investigación judicial avanza, con 15 personas citadas como investigadas, entre ellas Rocío Gómez y la exdirectora general municipal María Pérez-Hickman, quienes deberán declarar el 20 de mayo. Además, se han convocado a funcionarios del Ayuntamiento y de la Conselleria de Vivienda, así como a diez beneficiarios de las adjudicaciones, mientras que otros siete testigos comparecerán el 8 de mayo.
