Investigación sobre adjudicaciones en el residencial Les Naus
La controversia en torno a las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan, ha tomado un nuevo rumbo. En un reciente desarrollo, una jueza ha decidido abrir diligencias para investigar posibles irregularidades en la concesión de estas viviendas, mientras que la Generalitat ha optado por remitir el asunto a la Fiscalía.
Diligencias previas por posibles irregularidades
El miércoles 11 de febrero, la magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante inició diligencias para examinar las adjudicaciones que han suscitado dudas. Fuentes judiciales indican que la jueza ha solicitado a la Fiscalía información sobre los procedimientos ya abiertos relacionados con las denuncias sobre este tema.
La decisión de la jueza se basa en una denuncia reciente que alega delitos de prevaricación administrativa, uso indebido de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Esta denuncia fue presentada por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias e involucra a nueve personas, incluyendo a una exconcejala de Urbanismo y otros funcionarios municipales.
Colaboración entre la Generalitat y la Fiscalía
La Consellería de Vivienda ha enviado a la Fiscalía los expedientes de las adjudicaciones de estas viviendas protegidas, permitiendo que la justicia determine las posibles consecuencias de la investigación. Además, se ha llevado a cabo un análisis de otros casos de funcionarios públicos que residen en esta urbanización, en relación con las irregularidades denunciadas.
Tensiones políticas en el Ayuntamiento
La controversia ha generado tensiones en el ámbito político local, con la oposición de izquierda exigiendo la dimisión del alcalde, Luis Barcala. En respuesta a la creciente presión, el gobierno municipal ha implementado nuevas medidas para combatir estas irregularidades. Entre ellas, se ha decidido que en futuras promociones de viviendas protegidas, concejales, cargos de confianza y asesores municipales no podrán optar a estas viviendas, con el fin de evitar conflictos de interés.
