La Abogacía del Estado se opone a consultar a Europa sobre la regularización de inmigrantes
Los servicios jurídicos del Estado han manifestado su desacuerdo con la propuesta del Tribunal Supremo de elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la cuestión de la legalidad de la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno español. Según la Abogacía del Estado, este no es el momento adecuado para plantear dicha consulta, ya que consideran que la medida se enmarca dentro del ejercicio soberano de competencias de un Estado miembro.
Argumentos de la Abogacía del Estado
El documento presentado por la Abogacía del Estado argumenta que la decisión del Supremo podría implicar someter a interpretación no solo la legalidad de la norma, sino también el análisis de las competencias nacionales y las discrepancias políticas manifestadas por otros Estados miembros respecto a la regularización extraordinaria. Por tanto, el organismo legal considera que la cuestión no está debidamente justificada y que actualmente no se dan las condiciones adecuadas para su planteamiento.
Cuestiones de procedimiento
La Abogacía del Estado también ha señalado que el escrito del Supremo contiene «omisiones relevantes» que dificultan la posibilidad de un debate efectivo entre las partes. Este hecho podría resultar en la inadmisión de la cuestión prejudicial, ya que la consulta a Europa podría interpretarse más como un dictamen consultivo sobre cuestiones generales que como un examen directo de la compatibilidad con el derecho europeo.
El papel del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo había considerado la posibilidad de elevar el asunto al TJUE para determinar si el decreto del Gobierno contraviene el Pacto de Migración y Asilo de la UE. Esta decisión se enmarca en el contexto de los recursos presentados por las comunidades autónomas de Valencia y Aragón contra la regularización extraordinaria. A pesar de la postura de la Abogacía del Estado, la decisión final recaerá en los magistrados del Supremo que están gestionando este caso, quienes deberán decidir si remitir la cuestión a la corte de Luxemburgo.
