La Generalitat Valenciana recurrirá la regularización de inmigrantes del Gobierno
La Generalitat Valenciana ha decidido impugnar la reciente regularización extraordinaria de inmigrantes que fue aprobada en el último Consejo de Ministros. Este decreto permitirá otorgar permisos de trabajo a alrededor de 500.000 personas que actualmente se encuentran en situación irregular en España. Este tema ha sido objeto de debate en la sesión de control de Les Corts, donde se evidenció la tensión entre el Partido Popular y Vox.
Críticas a la gestión del Gobierno
El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha calificado esta medida de «irresponsable», argumentando que podría comprometer el sistema sanitario y las políticas sociales de la Comunitat Valenciana y de otras regiones. Llorca enfatizó que la gestión de este «problema» es competencia del Gobierno central y que las políticas migratorias deben implementarse en los países de origen de los migrantes.
El presidente ha señalado que «hacinamiento de migrantes en estas condiciones pone en riesgo su salud y la de todos los valencianos», añadiendo que tal situación refleja actitudes racistas.
La situación actual de menores migrantes
La Comunitat Valenciana ya alberga a un número significativo de menores migrantes no acompañados, en su mayoría provenientes de Canarias. Según datos hasta finales de marzo, se encuentran bajo su tutela 595 menores, cumpliendo así con la normativa vigente.
En el nuevo plan de acogida propuesto por el Gobierno, se contempla que 1.900 menores extranjeros no acompañados sean asignados a la Comunitat Valenciana. Sin embargo, Llorca ha argumentado que el sistema de protección infantil en la región cuenta únicamente con 1.800 plazas, lo que plantea serias preocupaciones sobre la capacidad para atender a todos los menores, especialmente sin un aumento de recursos e infraestructura.
Advertencias sobre el impacto en servicios públicos
Llorca ha coincidido con el líder de Vox, José Mª Llanos, en que el decreto de regularización podría poner en peligro los servicios públicos de la Comunitat Valenciana si no se recibe un mayor apoyo del Estado. Llanos ha denunciado en varias ocasiones que la atención a los inmigrantes ilegales está llevando a un «colapso» en los servicios públicos.
Durante su intervención, el presidente de la Generalitat expresó su creciente preocupación por la situación, señalando que las nuevas circunstancias amenazan la estabilidad de los servicios sociales. También acusó al Gobierno de «mercadear con el drama de los menores migrantes para obtener beneficios políticos», destacando que en algunas comunidades, como el País Vasco y Cataluña, no están recibiendo a estos menores, mientras que la Comunitat Valenciana enfrenta una presión desproporcionada.
Conclusiones
La postura de la Generalitat Valenciana refleja un claro rechazo a la gestión actual de la política migratoria, poniendo de manifiesto la necesidad de un diálogo más equilibrado y recursos adecuados para abordar esta compleja problemática. La comunidad se encuentra en una encrucijada que requiere atención urgente para garantizar la protección y el bienestar de todos sus residentes.
