La Ministra de Vivienda defiende la legalidad de una adjudicación de VPO
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se pronunció este jueves en defensa de la adjudicación de una vivienda de protección pública (VPP) a un ex alto cargo del gobierno del Botànic, afirmando que el proceso se llevó a cabo «de acuerdo con la ley». Esta declaración se realizó en un acto frente a la urbanización Les Naus, ubicada en la Playa de San Juan.
Detalles del caso del exdirector del ICV
El exdirector del Institut Cartogràfic Valencià (ICV), Xavier Navarro, recibió una vivienda protegida en Valencia durante su mandato en el sector público. Según información pública disponible, Navarro percibió en el año 2023 un salario de 63.254 euros por sus funciones en el gobierno.
Críticas y comparaciones
Rodríguez se enfrentó a las críticas del Grupo Popular en Alicante, que cuestionó la ética de la situación y pidió aclaraciones sobre cuántos miembros de Compromís se beneficiarían de viviendas protegidas. La ministra aclaró que, aunque el caso de Navarro podría ser considerado «cuestionable desde un punto de vista ético y moral», se diferencia notablemente de otros casos en los que se han evidenciado irregularidades.
En particular, mencionó la suspensión de un técnico del Servicio Territorial de Vivienda que adjudicó una vivienda a su pareja, así como la existencia de tres expedientes abiertos por el Ayuntamiento de Alicante relacionados con otros funcionarios.
Normativa y contexto de la adjudicación
Rodríguez subrayó que la normativa bajo la cual se otorgó la vivienda a Navarro era la misma que había sido implementada por el Partido Popular, y que luego fue modificada por administraciones socialistas. «Todo se realizó dentro del marco del libre mercado», afirmó la ministra, reafirmando la legalidad del proceso.
Compromís solicita una investigación
En respuesta a las críticas y a la controversia suscitada, el portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha solicitado que se investiguen las posibles irregularidades en este caso, enfatizando la necesidad de transparencia en la gestión de viviendas protegidas.
