La polémica por las viviendas de protección pública en Alicante
En la primera sesión de control del año en Les Corts, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se enfrentó a un intenso debate sobre la reciente adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en la Playa de San Juan de Alicante. Este tema ha generado un notable revuelo, especialmente entre la oposición de izquierdas, que ha cuestionado la gestión del Consell en este asunto.
Defensa del Consell ante las acusaciones
Llorca defendió la actuación de la Conselleria de Vivienda, afirmando que se había identificado un trato y acceso privilegiado a información por parte de ciertos individuos, a quienes se refirió despectivamente. “Lo que hicimos fue investigar”, subrayó, reafirmando su compromiso con la transparencia en el proceso. En este contexto, el PSPV ha solicitado la dimisión tanto de la consellera de Vivienda, Susana Camarero, como del alcalde de Alicante, Luis Barcala.
Reacciones de la oposición
El síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, no dudó en calificar las actuaciones del PP como un “tráfico de influencias”, acusando al partido de utilizar información pública para beneficiarse de las viviendas financiadas con recursos públicos. Muñoz propuso que la primera acción de la futura oficina antiokupación, que se implementará gracias a un acuerdo con Vox, sea el desalojo de ocupantes en Les Naus, a quienes vinculó con el Partido Popular.
Medidas de control y requisitos para las VPP
Llorca, por su parte, se defendió de las críticas recordando que se había tomado acción en el caso de un funcionario que adjudicó una VPP a su esposa, quien había sido promovido por Compromís durante el gobierno del Botànic. Además, destacó que la ampliación del umbral de ingresos para acceder a estas viviendas, que ahora llega hasta 66,000 euros, está sujeta a requisitos específicos, como cuidar a un menor con discapacidad o a una persona mayor dependiente.
El presidente cuestionó a la oposición: “¿Les molesta que una familia con un niño con discapacidad o un anciano dependiente tenga la posibilidad de acceder a una vivienda?”, invitando a reflexionar sobre la importancia de la inclusión en estos procesos.
Un compromiso con la mejora administrativa
Llorca también se refirió al proceso administrativo que llevó a la venta del solar al promotor, recordando que esta decisión fue tomada por un gobierno de izquierdas en el Ayuntamiento. En conclusión, el presidente de la Generalitat enfatizó su intención de “poner orden” en la gestión de las adjudicaciones y la necesidad de establecer controles más rigurosos para evitar irregularidades en el futuro.
