La Fiscalía Anticorrupción cierra el juicio del ‘caso mascarillas’
El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha descartado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea considerado el líder de la trama investigada, en un día crucial del juicio que ha centrado la atención en José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y en Koldo García, implicados en una red de corrupción. Luzón ha afirmado con rotundidad que el presidente no tiene conexión con los delitos que se están juzgando, mientras que ha situado a Ábalos en la cúspide de la organización delictiva.
Una trama criminal en el corazón del Gobierno
Durante su exposición, Luzón describió cómo esta red criminal surgió poco después de que el PSOE asumiera el Gobierno en 2018, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. Destacó que la organización, que se había consolidado con la intención de perdurar, comenzó a desmoronarse tras la salida de Ábalos del Ejecutivo en 2021. El fiscal consideró a Ábalos como una figura central en el entramado, enfatizando que, aunque a veces no tomara decisiones directamente, su influencia era indiscutible. Luzón citó ejemplos de cómo el exministro utilizó a su entorno para llevar a cabo las operaciones de la red.
Confesiones y su impacto en el juicio
La atención del juicio también se ha centrado en la confesión de Víctor De Aldama, el principal colaborador de la red, a quien Luzón calificó de «arrepentido» y «colaborador con la Justicia». El fiscal defendió la importancia de su testimonio, argumentando que la colaboración de quienes han participado en el delito es esencial para desentrañar la complejidad de estas tramas. Luzón subrayó que, a pesar de las reservas que se deben tener ante el testimonio de un arrepentido, la información proporcionada ha sido corroborada por otros elementos del sumario.
La postura de la Fiscalía ante las acusaciones
Luzón, aunque reconoció la utilidad del testimonio de De Aldama, se negó a considerar cualquier forma de negociación encubierta. Reiteró que la colaboración de imputados a lo largo de la historia ha sido clave en los grandes casos de corrupción. Aun así, fue claro al señalar que las afirmaciones del arrepentido deben ser evaluadas con cautela, ya que su motivación busca reducir su pena.
El fiscal también expresó que, en el caso de De Aldama, es jurídicamente posible valorar atenuantes por su confesión, aunque mantuvo la petición de siete años de prisión por organización criminal y otros delitos. Para Ábalos, la Fiscalía solicita 24 años, mientras que para Koldo García la pena es de 19 años y medio.
Este caso continúa siendo objeto de seguimiento, con implicaciones que podrían afectar más allá de los acusados directos, en un contexto de creciente preocupación por la corrupción en el ámbito político.
