Conflicto entre la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Valencia
La situación entre la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se complica a raíz de la acampada de docentes en la Plaza de la Virgen. Ambas líderes políticas se acusan mutuamente en un enfrentamiento que, además, se ve influenciado por el contexto electoral, ya que se preparan para competir por la Alcaldía de Valencia en 2027. A pesar de que los docentes han movido su acampada para no interferir con la celebración del Corpus, Catalá afirma que el Ayuntamiento nunca solicitó la expulsión de los profesores. Según la alcaldesa, la única solicitud realizada al Gobierno fue que se buscaran soluciones para compatibilizar las reivindicaciones educativas con los eventos del Corpus.
Desavenencias sobre competencias y derechos
Las declaraciones de ambas partes han generado un cruce de acusaciones. El Ayuntamiento sostiene que el Cuerpo Nacional de Policía, al tratarse de una manifestación, es el encargado de proteger el derecho a la protesta, mientras que la Delegación del Gobierno argumenta que la responsabilidad de retirar objetos de la vía pública, como las tiendas de campaña, recae en la Policía Local. Este debate se intensifica en un contexto donde se celebran los actos centrales del Corpus, que este año conmemora su 700 aniversario.
Catalá ha expresado que la problemática no se limita a la ocupación del espacio público, sino que involucra dos derechos fundamentales consagrados en la Constitución: el derecho de los docentes a manifestarse y el derecho a la libertad de culto, en relación con la celebración del Corpus. La alcaldesa sostiene que ambos derechos deben ser respetados y protegidos, sin que uno prevalezca sobre el otro.
La postura del Ayuntamiento sobre el desalojo
Uno de los mensajes clave de Catalá es que el Ayuntamiento nunca ha planteado un desalojo formal de los acampados. La alcaldesa enfatiza que no se ha solicitado «en negro sobre blanco» una expulsión y que la única petición al Gobierno fue que tomara las medidas necesarias para asegurar la convivencia entre las actividades programadas y la manifestación de los docentes.
Desde la perspectiva municipal, el requerimiento a la Delegación no especificaba ninguna acción concreta, sino que buscaba una solución que permitiera desarrollar tanto las protestas docentes como las festividades del Corpus en el mismo lugar. Catalá añade que la propia Delegación reconoció en un documento que tenía la competencia para compatibilizar ambos derechos, aunque no planeaba tomar ninguna medida para resolver la situación.
Colaboración del Ayuntamiento con organizaciones locales
A medida que la disputa política continúa, el Ayuntamiento de Valencia ha estado trabajando en colaboración con los organizadores del Corpus para prevenir un conflicto mayor durante las celebraciones. Catalá ha indicado que se han mantenido reuniones con la asociación Amics del Corpus y con el Arzobispado para explorar posibles soluciones que permitan garantizar el desarrollo normal de uno de los eventos más destacados de la ciudad, sin menoscabar el derecho de los docentes a continuar con sus reivindicaciones.
