El TSJCV desestima la investigación sobre Mazón en relación a la DANA
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha emitido un fallo contundente que niega la posibilidad de investigar al expresidente Carlos Mazón por las trágicas muertes ocurridas durante la DANA del 29 de octubre de 2024. Este fallo no solo exime a Mazón de cualquier responsabilidad, sino que también representa un duro golpe para la jueza instructora de Catarroja, quien había centrado su investigación en el retraso del envío del sistema de alertas ES-Alert.
Rechazo a la línea de investigación de la jueza
La magistrada Nuria Ruiz Tobarra había decidido no investigar la falta de acciones preventivas por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, así como la insuficiencia de información sobre el riesgo de desbordamiento de los barrancos. En cambio, su enfoque principal se centraba en imputar a dos altos funcionarios de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, por un presunto delito de homicidio en relación con las 230 muertes.
El TSJCV ha desestimado esta línea de investigación, afirmando que no existe una «relación de causalidad concreta y precisa» entre las decisiones tomadas por Emergencias y las muertes ocurridas, haciendo especial énfasis en el tardío envío del mensaje de alerta a la población.
Falta de pruebas sólidas para la imputación
El tribunal señala que, según la exposición presentada por la jueza, no se puede determinar de manera clara la relación entre las muertes y las medidas adoptadas o no adoptadas por Emergencias. La Sala aclara que cualquier evaluación sobre la causalidad debe basarse en datos específicos, lo que no se ha logrado hasta ahora.
Este fallo no solo implica que Mazón no será investigado, sino que también podría llevar al archivo del caso para los funcionarios imputados, dado que sin una conexión causal probada, no se puede establecer la existencia de un delito de homicidio.
Situación actual de la instrucción
Con esta resolución, el TSJCV devuelve el caso a la jueza de Catarroja, quien deberá continuar la instrucción en un contexto debilitado, además de estar marcada por controversias relacionadas con la supuesta injerencia de su cónyuge en el proceso.
