La Diputación de Castellón exige al Gobierno la liberación de remanentes municipales
La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha intensificado la presión sobre el Gobierno de España al enviar un manifiesto que cuenta con el apoyo de 79 alcaldes de la provincia. Este documento exige el desbloqueo de las normas fiscales que impiden a los ayuntamientos utilizar sus remanentes de tesorería. La iniciativa fue lanzada tras la reciente Cumbre de Alcaldes celebrada en Castellón, con el objetivo de reclamar mayor autonomía económica para las entidades locales y señalar que las restricciones actuales limitan la capacidad de los municipios para invertir en servicios públicos y políticas sociales.
Críticas a la falta de apoyo de algunos partidos
El manifiesto, impulsado por Barrachina y enviado al Ejecutivo central, fue extensivo a los 135 municipios de la provincia con la intención de crear un frente común. Sin embargo, la presidenta ha lamentado la escasa participación de representantes del PSOE y Compromís, señalando que «han priorizado los intereses partidistas por encima de las necesidades de sus vecinos».
Asimismo, ha cuestionado la postura de algunos miembros de la oposición que apoyaron en pleno una moción similar pero no se unieron al manifiesto. «No se entiende que voten una cosa en la institución y luego no den el paso de firmarla», ha subrayado Barrachina.
Demandas para mejorar la situación financiera de los municipios
El documento firmado por los alcaldes advierte que las actuales normativas fiscales impiden a muchos ayuntamientos acceder a los fondos disponibles para atender necesidades urgentes de la ciudadanía. Entre las principales peticiones se encuentran la suspensión o flexibilización de la regla de gasto, así como la autorización para el uso más amplio y flexible de los remanentes.
Desde la Diputación se argumenta que la liberación de estos recursos permitiría agilizar inversiones municipales, fortalecer los servicios públicos, dinamizar la economía local y responder de manera más efectiva a las demandas de los vecinos. Esta reclamación se produce tras la aprobación en el último pleno provincial de una moción que solicita al Gobierno central un Real Decreto-ley para flexibilizar las reglas fiscales durante 2025 y 2026. Dicha propuesta obtuvo el respaldo del equipo de gobierno y del grupo socialista, mientras que Compromís se abstuvo y Vox votó en contra.
Reclamo de entregas a cuenta adeudadas
Otro aspecto destacado en esta solicitud es la reclamación de las entregas a cuenta que, según la Diputación, el Estado debe a la provincia. Barrachina estima que la cantidad asciende a unos 250 millones de euros desde 2023, argumentando que el aumento de la población y la recaudación fiscal deberían traducirse en una mayor financiación para los municipios de Castellón.
El vicepresidente y portavoz del Gobierno provincial, Héctor Folgado, también ha señalado la discrepancia entre lo que corresponde a los ayuntamientos y lo que realmente están recibiendo, debido a la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado. La Diputación de Castellón continuará exigiendo una actualización real de las entregas a cuenta para 2026 y defendiendo que los municipios deben tener la libertad de gestionar recursos que consideran fundamentales para asegurar servicios e inversiones en la provincia.
